Comunicado 642/2020
Morelia, Michoacán, 09 de julio de 2020. El Congreso del Estado emitió un exhorto a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que implementen acciones, programas y políticas públicas para diagnosticar y atender la problemática ambiental y social relacionada al uso de sistemas de protección antigranífugos, conocidos como cañones antigranizo.
Durante la sesión virtual realizada este día, las y los legisladores locales aprobaron como de urgente y obvia resolución esta propuesta de acuerdo, misma que también incluye el informar por escrito al Congreso del Estado, de manera pormenorizada, sobre las acciones, estrategias y políticas públicas que se han implementado respecto a la problemática ambiental y social relacionada al uso de estos sistemas de protección.
Conscientes de la situación actual, las y los integrantes de la LXXIV legislatura señalaron que ya se ha denunciado y alertado que el uso de este tipo de dispositivos como son los cañones antigranizo, alteran sensiblemente el ciclo del agua, al punto de prácticamente ahuyentar las nubes y, con ello, la posibilidad también de lluvia sobre las regiones que los primeros laboran para su autoconsumo o producción comercial.
De esta forma refirieron que es fundamental que se entienda que, bajo el principio precautorio en materia ambiental, el uso de este tipo de mecanismos debe estar postergado hasta en tanto no se conozcan con certeza sus efectos primarios y secundarios o, en su caso, se tenga una base científica consistente que demuestre que su uso regular no genera afectaciones a ninguno de los componentes del ambiente natural ni a las personas cercanas.
La legisladora proponente, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, manifestó en su exposición de motivos que es necesario que la legislación prevea y disponga adecuadamente lo necesario para proteger y conservar la vida silvestre, el equilibrio ecológico y los recursos naturales, buscando evitar que se continúe extendiendo el uso habitual de este tipo de dispositivos mientras sus efectos adversos no estén plenamente estudiados, documentados y, por lo tanto, también, debidamente regulados por los distintos marcos normativos que correspondan.