Comunicado 798/2020
La propuesta señala que el pueblo o cualquier asentamiento humano, deben ser entendidos como el conjunto de ciudadanos que, comparten colectivamente los espacios públicos, las estructuras y sus viviendas.
Morelia, Michoacán, 09 de septiembre de 2020. El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán, Salvador Arvizu Cisneros, presentó una iniciativa que tiene como finalidad dar vigencia al Derecho a la Ciudad y garantizar a las y los michoacanos, su derecho a una vivienda digna y decorosa; a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
En la exposición de motivos, presentada en voz del legislador local Baltazar Gaona García, se detalla que con esta iniciativa también se pretende evitar que los fraccionadores evadan o eviten la obligación de entregar a los ayuntamientos, las áreas de donación correspondientes, en los términos del Código de Desarrollo Urbano del Estado; así como, establecer sanciones en la Ley Orgánica Municipal, para eliminar la tentación en los servidores públicos municipales, de cometer faltas administrativas por acción u omisión, al momento de la autorización de fraccionamientos o desarrollos habitacionales, industriales y comerciales.
En la propuesta también se establecen sanciones a los particulares que induzcan a los servidores públicos en la comisión de faltas administrativas graves por acción u omisión, en la autorización de los proyectos antes mencionados.
“Con la aprobación de esta iniciativa, realizaremos un acto de justicia social con el que, lograremos crear ciudades, pueblos y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos”, asevera en el documento presentado el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado.
La iniciativa establece que la actual crisis sanitaria que se atraviesa, obliga a todos a repensar las condiciones y necesidades de una nueva forma de arquitectura social que propicie una nueva convivencia, más segura, más sustentable, pero sobre todo, en la que el Estado a través de la ley, garantice el acercamiento de los servicios de salud y educación inicial y básica a los ciudadanos, de tal manera que no tengan que exponerse a las niñas, niños y adultos mayores a una sobre exposición que ponga en peligro su vida, por ello dijo, de ahí la necesidad de las reformas que se plantean en la presente Iniciativa.